Ganemos Colmenar presenta una moción para que el Ayuntamiento inste al gobierno regional para que retire el anteproyecto de modificación de la Ley del Suelo, aprobado mediante resolución del Director General de Urbanismo de 13 de mayo de 2020.
“Esta modificación no se puede hacer mediante un procedimiento de urgencia en pleno estado de alarma, cuando no existe actividad parlamentaria normalizada. El camino es consensuar un nuevo texto legal, y para ello hay que iniciar un proceso de diálogo en el que participen los Ayuntamientos, los grupos parlamentarios, los partidos políticos, los sindicatos, los colegios profesionales y demás entidades sociales representativas”, señala Mariano Martín, portavoz de la coalición de izquierdas.
El anteproyecto presentado propone la sustitución generalizada del procedimiento de licencias, que controla la actividad urbanística antes de su realización, por un procedimiento de declaración responsable, habilitando al interesado para la actuación urbanística pretendida desde el día de su solicitud, realizándose en control posteriormente.
La explicación dada desde el Gobierno regional para la reforma de esta ley es la simplificación de los trámites administrativos. Sin embargo, Martín entiende que “hay que buscar el sano equilibrio entre facilitar los trámites del administrado y un riguroso control previo a las actuaciones urbanísticas que puedan tener implicación sobre la salud, el medio ambiente o el patrimonio histórico, y no se perciben en la redacción del anteproyecto de ley excesivos criterios proteccionistas”.
El edil de Ganemos Colmenar advierte sobre las particularidades de la actividad urbanística, que altera realidades físicas, a veces de forma irreversible, resultando, en ocasiones, materialmente imposible proceder al restablecimiento de la legalidad y a la restauración de la realidad física alterada.
“Es una temeridad que actos como las demoliciones o las licencias de primera ocupación puedan llevarse a cabo sin un previo control municipal. Poder realizar estas actuaciones mediante el régimen de declaración responsable supondría un significativo aumento de actuaciones no ajustadas a la legalidad, como son las que actualmente solicitan licencia y son objeto de reparo por parte de los técnicos municipales” concluye Martín.