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  • 13 de febrero, 2019 - Mociones

    La Constitución Española, en su artículo 47, reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, obligando a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho.

    Para las personas que se encuentran sin vivienda, también se vulneran derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1977, suscrito por España.

    La vivienda es, por tanto, un derecho fundamental que debe ser garantizado y protegido por las Administraciones Públicas.

    Como consecuencia de la compleja y dura realidad socioeconómica, se ha producido en los últimos años un considerable número de desahucios de personas y familias en sobrevenida situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial.

    Los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, son actores fundamentales e imprescindibles para proveer de vivienda a los ciudadanos que se encuentran en situación de emergencia habitacional.

    Por otro lado, las entidades financieras acumulan enormes activos inmobiliarios que, estando desocupadas, no se ponen a disposición de las personas que los necesitan.

    Esta situación contradice la función social de la vivienda y la definición de Estado Social y Democrático de Derecho que prescribe la Constitución Española, así como el derecho a una vivienda digna para todos, la prohibición de la especulación, la función social de la propiedad y la subordinación de la riqueza al interés general.

    SAREB es una sociedad que tiene por objeto la tenencia, gestión, administración, adquisición y enajenación de los activos transferidos por las entidades de crédito sometidos a procesos de reestructuración, maximizando su valor y logrando su desinversión en un plazo razonable. Sin embargo, esto no es incompatible con su posible contribución para paliar los problemas sociales derivados de la crisis económica mediante la cesión de viviendas. Prueba de ello, es la firma de convenios en este sentido con distintos ayuntamientos. Ganemos Colmenar realiza una propuesta que persigue la suscripción de un acuerdo con la SAREB para la cesión al Ayuntamiento de Colmenar Viejo de un número de
    viviendas a determinar para destinarlas a fines sociales en los términos y condiciones que se establezcan en el convenio.

    Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de GANEMOS COLMENAR PROPONE que se adopte el siguiente ACUERDO:

    Iniciar las negociaciones con la SAREB para la suscripción de un convenio de colaboración para la cesión de viviendas destinadas a emergencia social.

  • 15 de febrero, 2018 - Noticias

    Ganemos Colmenar exige al Ayuntamiento de Colmenar Viejo que no se desentienda de los pisos de protección pública para jóvenes del municipio. Estos pisos fueron adjudicados mediante contratos de alquiler con opción a compra para facilitar el acceso de los jóvenes de Colmenar Viejo a una vivienda. A pesar de la protección pública de las viviendas, el PP las convirtió en negocio adjudicando su construcción y gestión a la empresas privadas. Estas empresas han protagonizado sucesivos aumentos de la renta de alquiler, y una gran parte de las viviendas ha terminado en fondos buitre. “Los vecinos, cuya antigüedad difiere en los pisos, acaban de conocer que se le aplicará en los próximos meses el requisito de la compra tras los siete años de la promoción o por el contrario tendrán que firmar un nuevo contrato de alquiler con subidas progresivas de la renta.” explica Pablo Aldama Blanch, concejal de Ganemos Colmenar.

    El gobierno municipal del PP firmó en el 2006 un convenio con la Comunidad de Madrid para la construcción de las primeras 500 viviendas del municipio dentro del Plan Joven regional. Siete años después, los vecinos han tenido que organizarse para defender sus derechos. Han denunciado que les piden 180.000 euros, por viviendas protegidas que no superan los 60 metros cuadrados, a esto habría que sumar contratos abusivos con el aumento de la renta donde se incluye pago del IBI, con alquileres que alcanzan en algunos casos lo 600€. Los vecinos denuncian además la falta de mantenimiento de alguna de las fincas, que se encuentran en un estado muy deficiente.

    Además, con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica, los vecinos quedaron “atrapados” en una renta difícil de asumir ya que era más alta que los precios del mercado libre de vivienda.

    Ganemos Colmenar defiende la necesidad de que en el municipio se hagan políticas de vivienda pública con alquileres sociales para los vecinos con más dificultades y rechaza el modelo de privatización de la vivienda protegida que ha desarrollado el PP hasta la fecha.

     

     

  • 27 de junio, 2017 - Mociones

    Siendo positivo abordar la redacción de un nuevo texto de Ley del Suelo dada la obsolescencia del texto anterior, la propuesta de Ley presentada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid supone una oportunidad claramente perdida para dar respuesta trascendente a cuestiones fundamentales del urbanismo madrileño actual y futuro.

    Si salimos del marco normativo estatal, la Comunidad de Madrid puede y debe cambiar el rumbo de un urbanismo que no cumple ya con los fines encomendados. Nos encontramos en un momento crítico del urbanismo que justifica este cambio de modelo. Es necesario que la Comunidad de Madrid lidere el cambio del paradigma legislativo del urbanismo en nuestro país.

    El cuerpo central de la nueva Ley debe impulsar claramente el abandono del modelo desarrollista que ha marcado el urbanismo de los últimos años, apostando decididamente por la ordenación de las ciudades, persiguiendo un modelo de ciudad compacta y con nuevas áreas de centralidad. Ya es hora de reformular la esencia del urbanismo que no debe basarse en continuar creciendo, cuando resulte injustificado, sino que debe mirar hacia la renovación urbana.

    La nueva Ley debe ser clara, evitando el carácter técnico y oscuro actual que únicamente se encuentran al alcance de los iniciados y está claramente alejada del entendimiento de los ciudadanos. En última instancia, es necesaria la simplificación de las reglas urbanísticas, para devolver el urbanismo a los ciudadanos.

    El proyecto, que no se apoya en un diagnóstico territorial y urbanístico, elude la necesidad de plantear una renovación en profundidad del régimen urbanístico, capaz de afrontar los retos de la sociedad madrileña en el siglo XXI; renunciando a la ordenación integrada del territorio, del suelo y del urbanismo. No es admisible evitar el debate sobre la legislación de la planificación territorial en una Comunidad que ha producido procesos de clasificación masiva de suelo urbanizable sin planificación “explícita” territorial.

    El proyecto profundiza en el abandono de la consideración del urbanismo como función pública, atribuyendo a la iniciativa privada por ley la actividad de urbanización y edificación, convirtiendo en secundario y residual el papel de la iniciativa pública municipal, aspecto especialmente negativo en actuaciones de regeneración y renovación urbana en las que el papel de la iniciativa pública debe ser determinante.

    No se reconocen ni abordan los diferentes problemas y capacidades de los distintos municipios de la Comunidad, siendo uno de los problemas de mayor relevancia la clasificación y ordenación pormenorizada masiva consolidada de suelo sin expectativas ni necesidades reales de desarrollo, ignorando por completo cualquier mecanismo de abordaje que posibilite su reconsideración.

    Siendo positivo el reconocimiento de la necesidad de atender a la ciudad existente, el Proyecto adolece de una visión en su gestión que limitará en gran medida su efectividad real requiriéndose un mayor reconocimiento de su alcance integral, así como dotarse de herramientas específicas para su desarrollo, incluyendo la intensificación de la participación ciudadana, que aún contemplándose en un Título específico, queda restringida exclusivamente, con carácter general, a los trámites de la información pública convencional.

    El proyecto plantea la reducción de cesiones de suelo dotacional sin requerir un diagnóstico racional de la situación y basarse en la experiencia de los diferentes municipios, generando desequilibrios en los estándares dotacionales planificados o existentes en la ciudad.

    Todos estos aspectos negativos se ven agravados por el hecho de que el proyecto de Ley refuerza el control de la Comunidad de Madrid sobre los Ayuntamientos, con riesgo de invasión de la autonomía municipal, en ausencia de instrumentos de ordenación territorial que concreten y expliciten el interés Regional.

    Por todo ello, el Grupo Municipal de GANEMOS COLMENAR PROPONE ​que se adopten los siguientes ACUERDOS:

    1. Aumentar el porcentaje de reserva de suelo para la construcción de viviendas de protección pública de régimen básico o de cualquier otra modalidad que establezca un precio máximo de venta o renta o los ingresos de los usuarios.
    2. Reforzar y clarificar la regulación del sistema dotacional. La nueva Ley contemplará un régimen suficiente de reservas de suelos dotacionales para las actuaciones urbanísticas, de forma que se establezcan cesiones de nuevos equipamientos, infraestructuras, servicios y espacios públicos que sean adecuados para garantizar las necesidades de sus futuros habitantes.
    3. Aumentar las cesiones de aprovechamiento urbanístico a la Administración Pública actuante.
    4. Reforzar la consideración positiva del suelo no urbanizable, reduciendo los usos posibles e impidiendo usos de naturaleza urbana, con el objeto de evitar la presión que actualmente sufren estos suelos.
    5. Introducir mecanismos de desclasificación de suelo urbanizable por razones de insostenibilidad del modelo territorial anterior, de inviabilidad económica de su desarrollo, o por razones ambientales o de interés general, debidamente justificadas.
    6. Reorganizar la estructura metropolitana de la Comunidad de Madrid, siendo imprescindible la aprobación de un instrumento de Estrategia Territorial autonómico que integre subplanes regionales o comarcales. La ordenación del territorio debe sujetarse a criterios de sostenibilidad ambiental y económica.
    7. Crear un sistema Autonómico de Espacios Abiertos como eje estructurante del modelo territorial de la Comunidad de Madrid, junto a sistemas urbanos y de infraestructuras, con el fin de garantizar la conexión en red de los espacios naturales protegidos y la preservación de los valores del paisaje.
    8. Reforzar la función social del derecho de propiedad, reforzando las obligaciones de los propietarios del suelo y de edificios.
    9. Reforzar la participación ciudadana en general, y específicamente en procesos de regeneración urbana